SANTO DOMINGO. Los principales partidos anunciaron que aplicarán sanciones disciplinarias a aquellos regidores y alcaldes que en el actual periodo de transición aprobaron resoluciones en contra de los intereses de las comunidades que representan e incluso comprometen la actuación de las futuras autoridades.

El jueves 28 de este mes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario de Asuntos Municipales, Ignacio Ditrén, informó en rueda de prensa que rendirá un informe al Comité Político sobre cualquier dirigente que incurra en prácticas de corrupción durante la transición para que sea sancionado.

El 23 de julio el Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió que sancionará a aquellos alcaldes y regidores que hayan incurrido en el incremento de salarios u otro tipo de actividades que atenten contra los bienes públicos en sus respectivos municipios.

Durante la transición en distintos municipios se han llevado a cabo repartos de bienes, otorgamiento de permisos para instalar estaciones de combustibles, ventas de áreas verdes, incrementos salariales y pago de deudas dudosas, entre otras irregularidades.

En muchas comunidades se consideran tardías las reacciones de los partidos en el sentido de que sancionarán a los responsables, cuando ya las decisiones fueron adoptadas y se aplican en perjuicio de los recursos del Estado.

Además, se estima que quienes patrocinaron este tipo de acciones se pueden sancionar sin muchos esfuerzos, pues se sabe quiénes son, ya que han actuado públicamente.

Cada cuatro años, durante el periodo de transición, que es de tres meses, tanto en los municipios como en las instituciones del Gobierno se enajenan alegremente bienes municipales, pues se adoptan decisiones para favorecer a particulares.

Lo que ocurre en muchos municipios con el reparto de los bienes públicos ha sido calificado como una verdadera piñata, que en muchos casos se parte ante la mirada indiferente de las direcciones partidarias.

Sanciones esperadas

La opinión pública y las comunidades afectadas por el festival de repartos que se lleva a cabo en los municipios esperan que los responsables sean sancionados para evitar que se propague a otros periodos de transición y se reedite un “borrón y cuenta nueva”.

Aunque la decisión de sancionar se anunció cuando ya el reparto de los bienes municipales era un hecho consumado hay esperanza de que se apliquen las sanciones, pues en las comunidades afectadas se sabe quiénes fueron los promotores y beneficiarios.

Se espera que la decisión del partido de sancionar no haya sido adoptada para bajar el nivel de crítica que se le formula por su pasividad ante estos hechos graves y no sea más que una especie de “tente ahí”.

SANTO DOMINGO. Al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le esperan cuatro años de dura oposición política, a juzgar por las posiciones asumidas en diversos temas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y otras organizaciones opositoras luego de las pasadas elecciones.

El PRM ha asumido como una de sus banderas el tema de la corrupción y el daño a la institucionalidad que a su entender le ha hecho el partido gobernante en sus 16 años de gobierno, 12 de ellos de manera consecutiva.

Otro tema de presión en el que coinciden el PRM y el PRSC es en la necesidad de que escojan personas independientes para conformar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, que deben ser renovados este año.

Con esto buscan volcar la presión social y la mirada de la opinión pública para que el PLD no utilice la mayoría que tiene en el Senado para escoger miembros parciales en la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

En el Consejo Nacional de la Magistratura, el PRM solo tendrá dos miembros de los 8, un diputado y un senador, mientras que el PLD contará con el Presidente de la República, la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y el Procurador General de la República.

Los miembros que corresponden a la Suprema Corte de Justicia (presidente y secretario) son vinculados al expresidente Leonel Fernández.

Los reformistas y los perremeístas han venido actuando de manera conjunta en temas como el de la crítica al procedimiento para la proclamación en la Asamblea Nacional del presidente Danilo Medina, así como en la mesa de diálogo para la aprobación de la Ley de Partidos Políticos que coordina monseñor Agripino Núñez Collado.

Guillermo Moreno y el partido Alianza País se han apagado después de las elecciones y no ha se han dejado sentir en temas recientes.

Luis Abinader, pasado candidato presidencial del PRM, ha adoptado un perfil bajo en las últimas semanas, pero se mantiene influyendo internamente en esa organización, impulsado a seguidores suyos a posiciones importantes dentro y fuera del PRM.

Pronostican dura oposición a Danilo Medina en los próximos cuatro años

Después de las elecciones, Luis Abinader obtuvo lo que no había logrado en la campaña electoral: ser la cabeza de una oposición en reclamos como el de revisión de resultados electorales y de respeto a la institucionalidad.

El pasado 14 de julio, seis excandidatos presidenciales firmaron un comunicado opositores llamaron a unirse “alrededor de una reforma democrática integral que incluya la elección de nueva Junta Central Electoral y nuevo Tribunal Superior Electoral independientes e imparciales, que no estén al servicio de los partidos políticos y cuyos integrantes sean escogidos en razón de su probidad, objetividad y capacidad profesional, y sin vínculos partidarios conocidos”.

Enfatizaron en que “los órganos electorales llamados a organizar los comicios y a dirimir los conflictos en la materia no pueden seguir estando al servicio de un partido político, en franco abuso a los principios democráticos más elementales”.

Los firmantes fueron Luis Abinader, del PRM; Guillermo Moreno, de AlPaís; Elías Wessin Chávez, del PQDC; Pelegrín Castillo, de la FNP; Minou Tavárez Mirabal, de APD; y Soraya Aquino, del PUN.

Resta por ver hasta cuándo durará esta “convergencia” momentánea, ya que una de las debilidades de la oposición dominicana ha sido su desunión.

El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y su líder Hatuey De Camps se han mantenido al margen de ese grupo, mientras que ha delegado su vocería a Luis Miguel De Camps, quien se perfila como su heredero político.

Una jugada que podría poner en marcha el PLD para debilitar al PRM y por ende al principal partido de oposición, es la de fortalecer a su aliado Partido Revolucionario Dominicano (PRD) colocando a su presidente, Miguel Vargas Maldonado, en una posición importante en el Gabinete.

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público tiene hasta el 19 de agosto para concluir las investigaciones y presentar acusación formal contra tres menores acusados de violar y matar a una niña de cuatro años, durante un hecho ocurrido la tarde del pasado domingo 17 de julio, en el sector Villa Faro, Santo Domingo Este.

El plazo es de un mes, a partir de la fecha en que a los menores de 16 y 13 años se les impuso prisión preventiva por su presunta participación en un crimen que consternó al país.

“Yo maté a tu nieta”, fueron las únicas palabras que, dicen los familiares de la niña de Lorenis de los Santos, escucharon de parte del adolescente de 16 años, principal sospechoso de la muerte, y quien según su madre de crianza padece problemas mentales. Este habría actuado en compañía de un niño de diez años y otro de 13, cuyos nombres se omiten por razones legales.

Para profundizar sobre la situación legal de los menores y la pena que enfrentaría en caso de ser hallados culpables, Diario Libre conversó con el magistrado Francisco Contreras, coordinador nacional interino de la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

P. ¿Cuál es la pena que enfrentan los menores en caso de ser hallados culpables?

R. En el caso del menor de 16 años, que es el principal acusado, la ley establece una pena de cinco a ocho años. Nosotros como Ministerio Público estaremos haciendo todo lo posible porque se condene a la pena máxima.

El menor de 10 años es inimputable conforme al artículo 223 de la Ley 136-03 en virtud del grupo etario, que establece que son inimputables los menores de cero a 12 años, razón por la que el Ministerio Público tomó la decisión de enviarlo al Consejo Nacional de la Niñez (Conani), como órgano competente para darle protección y seguimiento psicológico.

Mientras que para menores de 13 a 15 años, la ley establece una sanción de uno a cinco años. En caso de encontrar responsabilidad, pediríamos la pena máxima.

P. ¿Podrían los padres de los menores enfrentar algún cargo en caso de demostrar su participación en el hecho?

R. La responsabilidad civil recae sobre los padres, así lo establece la Ley 136-03 y sus modificaciones. La responsabilidad penal sobre el adolescente. Al momento del juez imponer una sanción penal, también impone una sanción civil en contra de los padres o tutores del adolescente. Esa sanción puede consistir en el pago de una indemnización.

P.¿Se ha determinado que el principal sospechoso tiene problemas mentales?

R. Nosotros como Ministerio Público no hemos determinado de forma científica que eso sea cierto o no.

Se va a solicitar al juez que sea evaluado por una comisión de médicos para que esta rinda un informe. Eso se hará en el proceso de la investigación, antes de presentar acto conclusivo.

P. ¿Qué implicaría una enfermedad mental para fines de emitir una condena?

R. Si la junta médica determina que padece problemas mentales graves y que al momento de cometer el hecho estaba bajo esta situación, ahí el caso cambiaría. La ley establece que una persona con esas condiciones no puede ser imputada. Si eso resulta no podemos pedir una sanción privativa de libertad. Sería un tratamiento sicológico lo que procede en este caso.

P. ¿Podría revelarnos algo de lo que han declarado los menores en los interrogatorios?

R. Ellos han establecido que amordazaron a la niña. Hasta el momento se ve mayor grado de culpabilidad y responsabilidad con relación al menor de 16 años. Pero no ha concluido la investigación y en virtud a lo que arroje, entonces tomaremos una decisión.

Nosotros todavía no hemos concluido la investigación. Al momento que concluyamos, entonces individualizaremos la participación de cada uno de los acusados.

SANTO DOMINGO. La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene en alerta verde por posibles inundaciones repentinas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra que podría provocar una onda tropical, a las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, el Gran Santo Domingo, Duarte, San Cristóbal y Monte Plata.

El boletín de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), establece que para hoy se pronostica a partir del mediodía un incremento notable de las precipitaciones, debido a la aproximación de una activa onda tropical que se localiza al este del arco de las Antillas Menores, se prevé la ocurrencia de nublados acompañados de aguaceros que serán de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos principalmente hacia las regiones noreste, sureste, Suroeste cordillera Central y el Gran Santo Domingo.

Dos ondas

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. advirtió de la formación de dos ondas tropicales en el Atlántico que avanzan en dirección al Caribe, aunque la probabilidad de que se conviertan en ciclones en las próximas 48 horas es baja.

Esa onda tropical se mueve en dirección oeste a una velocidad entre 25 y 30 millas (40 a 48 kilómetros) por hora y es probable que produzca fuertes lluvias y vientos en áreas de las islas Leeward, Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española.

Cambiarán sentido a tramo de la avenida Lope de Vega

SANTO DOMINGO. La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) cambiará a partir de este domingo 31 de julio el tramo de la avenida Lope de Vega, desde la Abraham Lincoln hasta la calle Porfirio Herrera, la cual funcionará en sentido sur- norte.

La AMET anunció esta medida para reducir el congestionamiento en el Polígono Central.

“La alternativa para el movimiento directo restringido en la avenida Lope de Vega, norte-sur, se realizará por la Avenida Abraham Lincoln girando desde la calle Porfirio Herrera. También tienen como ruta alterna para acceder a este tramo de la Lope de Vega, la calle doctor Rafael Augusto Sánchez- calle San Martín de Porres y la calle Roberto Pastoriza integrándose a esta vía de sur a norte”, indicó la AMET a través de su cuenta de T

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), informó que en los próximos días someterá a la justicia a las personas que han invadido propiedades donde están instaladas varias torres de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

El Magistrado, Aris Iván Lorenzo Suero, quien es Procurador General Adjunto para el Sistema Energético (PGASE), recordó que las invasiones de terrenos donde están ubicadas las torres de transmisión de energía constituye un Atentado al Sistema Energético Nacional sancionado por la Ley General de Electricidad 125-01.

Así mismo, Lorenzo Suero advirtió del peligro al que se exponen personas que han construido viviendas de bajo de torres de la línea Palamara – Itabo por la que pasan 138 kilovatios de energía.

Dijo que personal de la PGASE hizo un descenso en los lugares donde están ubicadas las Torres 15 en el sector Nuevo Amanecer; la Torre 18 en el barrio Lebrón; así como, las Torres 19 y 34 en el barrio Invi, todas en el municipio Los Alcarrizos, donde observaron las violaciones citadas.

El funcionario comentó que en caso de presentarse algún inconveniente en una de esas torres, los técnicos de la ETED tendrán dificultad para el acceso debido a que el espacio ha sido tomado por invasores de terrenos del municipio Los Alcarrizos.

“Allí pudimos constatar no solo la dificultad de acceso sino el peligro que corren los ocupantes de esos terrenos en caso de que se presente una situación de emergencia”, explicó el magistrado Lorenzo.

En uno de los lugares visitados se observó que varias familias viven debajo de una torre de energía, inclusive han construido una cisterna para suplirse de agua potable”.

Añadió que en otro sector se han levantado varias casuchas en los alrededores de la torre y debajo, en el mismo centro, hicieron una letrina común para satisfacer allí sus necesidades fisiológicas, además la tienen de tendedero de ropa.

En tal sentido, la PGASE les cito para explicarles el riesgo de vivir debajo de las torres y emplazarlos a que abandonen eso terrenos de inmediato.

El representanta del Ministerio Público advirtió que en caso de no obtemperar mediante ese mecanismo entonces procederá a someterlos a la justicia por Atentado contra el Sistema Energético Nacional”, agregó Lorenzo.

PGASE someterá a la justicia a “invasores terrenos de ETED”